Los seis errores de los techos de gasto farmacéutico

Forthcoming in Gestión Clínica y Sanitaria, 2017

Goldman DP, Lakdawalla
DN, Baumgardner JR, Linthicum MT.
Are Biopharmaceutical Budget Caps Good Public Policy?. Econs Voice; 2016; 13(1):27-42.
 
 
Objetivo: El objetivo de este artículo consiste en analizar desde el punto de vista teórico los principios económicos que violan las medidas basadas en imponer límites máximos al gasto en medicamentos y proponer potenciales soluciones a los problemas creados por este tipo de políticas.
Datos y método: El estudio identifica los seis principios económicos que violan los techos máximos de gasto que utilizan algunos aseguradores públicos y privados en Estados Unidos y, en general, las políticas que basan las decisiones de cobertura en la capacidad presupuestaria, presenta un caso de estudio basado en la experiencia de las evaluaciones de una organización privada no luratica como el Institute for Clinical and Economic Review (ICER) en Estados Unidos y enuncian cuatro propuestas para corregir los errores de estas políticas.
Resultados: Las políticas analizadas en el artículo violan los seis principios económicos siguientes: 1) el gasto en atención sanitaria debe ser considerado como una inversión: tiene sentido cubrir un nuevo tratamiento si los beneficios potenciales, actuales y futuros, son superiores a los costes (por ejemplo, que el asegurador pague por la inversión pasada cuando recibe un nuevo asegurado, la idea de los “health coins”); 2) el coste es una medida inadecuada del valor: lo relevante es comparar el beneficio incremental con el coste incremental; 3) adoptar como guía la disponibilidad presupuestaria a corto plazo puede empeorar los resultados a largo plazo: muchas innovaciones muestras sus beneficios a medio y largo plazo, no es necesario requerir reducciones de costes compensatorias a corto plazo; 4) la atención sanitaria proporciona un amplio abanico de beneficios a la sociedad: las mejoras de productividad y la reducción del coste de cuidadores también son beneficios sociales; 5) las decisiones basadas en la disponibilidad presupuestaria actual se anclan en el status quo: implican mayores barreras para las innovaciones que para lo que actualmente ya se financia, a pesar de la evidencia de uso inadecuado e ineficiente; y 6) los consumidores valoran la innovación: cuando la disponibilidad individual es superior al coste no es eficiente imponer límites al gasto. Las cuatro potencias soluciones son las siguientes: 1) corregir los incentivos de los planes de salud a la infrainversión en tratamientos que proporcionan ganancias futuras en salud; 2) guiar las decisiones de cobertura por un análisis coste-efectividad dinámico y no estático que tenga en cuenta el valor a largo plazo; 3) utilizar formas innovadoras de contratación que alineen los costes con los beneficios futuros, como los contratos de riesgo compartido; y 4) facilitar que los precios reflejen el valor incremental de las innovaciones y así se oriente de forma eficiente la inversión en I+D, lejos de techos máximos de gasto o de precios.
Conclusiones: Los límites máximos de gasto y las decisiones de cobertura basadas en la disponibilidad presupuestaria de los aseguradores a corto plazo pueden ser dañinas para la salud de la población a largo plazo. Siendo el gasto sanitario una inversión, los techos de gasto no pueden ser la respuesta sino que se deben buscar mecanismos de decisión que tengan en cuenta el valor a largo plazo.
 
Correspondencia: Dana P. Goldman. E-mail:dana.goldman@usc.edu.
 
COMENTARIO
Las razones por las que las políticas de límites o techos máximos de gasto farmacéutico no son una buena política pública se ejemplifican en este artículo para seguros privados y públicos en Estados Unidos. Sin  embargo, en los sistemas públicos europeos es donde esta lista puede tener más vigencia.  Después de la recesión iniciada en 2008, se han introducido políticas de austeridad basadas en techos o límites máximos al gasto farmacéutico, así como criterios de cobertura y precio de innovaciones biotecnológicas basados exclusivamente en la disponibilidad presupuestaria a corto plazo. Un ejemplo son las medidas que imponen que el gasto farmacéutico deba crecer al ritmo del PIB, como el acuerdo alcanzado en España entre Farmaindustria y el Ministerio de Hacienda y el de Sanidad, precisamente con quienes no gestionan el gasto farmacéutico, vinculando el crecimiento del gasto farmacéutico al PIB a partir del diciembre 2015 con un plazo máximo de 3 años.
 
Resulta arbitrario y contraproducente anclar el volumen de una parte del gasto sanitario, el de las innovaciones biofarmacéuticas, a la evolución del PIB. Las dinámicas del PIB a corto plazo y del gasto farmacéutico obedecen a lógicas distintas. La cuota de gasto farmacéutico sobre gasto sanitario y sobre PIB no debe permanecer constante. Tampoco deben crecer al mismo ritmo los distintos componentes del gasto sanitario, esta premisa responde a una lógica gremialista de la defensa de rentas de cada proveedor (personal sanitario, hospitales, empresas de tecnología médica y biofarmacéuticas, etc.) contraria al bienestar social. Sería ineficiente que la inversión social en innovaciones valiosas esté sujeta a los avatares del ciclo económico. Tampoco resulta eficiente que se penalice o premie a los innovadores no por el valor aportado sino por las variaciones caprichosas del PIB de año en año.  
 
Frente a decisiones basadas exclusivamente en la disponibilidad presupuestaria a corto plazo hay que contraponer, en primer lugar, un uso adecuado y más comprehensivo del análisis coste-efectividad huyendo de la perspectiva del pagador para favorecer una perspectiva social que incluya también los beneficios y costes indirectos o sociales a corto y a largo plazo (cambios en la productividad, valor del tiempo no remunerado, cuidados formales e informales, etc.). En segundo lugar, favorecer instrumentos de financiación sanitaria que aíslen el gasto de las fluctuaciones de los ingresos fiscales a corto plazo y que favorezcan la aplicación de la disposición a pagar de los pacientes para las prestaciones menos coste-efectivas. Y, en tercer lugar, políticas de precios y financiación que premien la I+D a través de ratios coste-efectividad dinámicos que re-evalúen la evidencia en el uso real después del acceso al mercado (riesgo compartido) y que tengan en cuenta los precios no sólo a corto plazo sino a largo cuando las innovaciones pierden la patente o protección y los precios caen.

 

 

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